Alberto Fernández

Meses después de asumir, llegó la pandemia de COVID-19. Alberto impuso una cuarentena estricta —una de las más largas del mundo— que salvó vidas y golpeó la actividad. Escuelas cerradas, comercio a medias, un Estado que gastó para sostener ingresos mientras la recaudación se hundía.

La pandemia no inventó la polarización argentina: la aceleró. Cada restricción se leyó como cuidado o como abuso. Cuando la economía intentó reabrirse, la inflación ya había vuelto al centro del debate.

Alberto heredó una deuda externa renegociada a medias y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el macrismo había firmado en 2018. Su ministro Martín Guzmán buscó reestructurar con acreedores privados y, después, un entendimiento con el FMI que evitara un default duro.

El acuerdo no cerró la grieta: parte del Frente lo vivió como rendición; los mercados, como alivio insuficiente. La crónica completa de esa negociación está en El acuerdo con el FMI. Acá basta una idea: sin dólares ni consenso interno, cada cuota del Fondo se volvió pelea política.

La fórmula que había unido al peronismo empezó a mostrarse como coalición de veto. La vicepresidenta cuestionó en público el rumbo económico. Guzmán renunció. En julio de 2022, Sergio Massa —hasta entonces figura de otro peronismo— asumió el Ministerio de Economía con poderes ampliados: un «superministro» para intentar estabilizar precios, tipo de cambio y expectativas.

Massa llegó a ser candidato presidencial del oficialismo en 2023. El gobierno ya no era solo de Alberto: era un equilibrio inestable entre Rosada, Senado y un ministerio que cargaba con la crisis.

En 2023 la inflación trepó a niveles que vaciaron salarios y ahorros. El oficialismo llegó al balotaje con Massa; Javier Milei lo derrotó con el 56 %. Alberto no fue candidato: dejó un país con crisis cambiaria, pobreza en alza y una coalición gastada.

No fue solo un cambio de partido. Fue el fin de un intento: gobernar el kirchnerismo sin Cristina en la silla presidencial.