El Congreso sancionó la Ley de Punto Final.
Alfonsín acotó los juicios: la democracia eligió gobernabilidad, y el debate quedó abierto.
El Congreso sanciona la Ley de Punto Final, que fija un plazo breve para iniciar causas por delitos de la dictadura. La medida busca cerrar el proceso judicial abierto tras el juicio a las juntas.
Junto con la Obediencia Debida, marcará el límite de la justicia de Alfonsín — y el debate pendiente que reabrirá el siglo XXI.
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